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BREL1| Publicado el 10 agosto 2017
Un diverso grupo de manifestantes protestó ayer frente a la corte federal en Hato Rey en repudio a las imposiciones de la Junta de Control Fiscal que atentan contra las pensiones y salarios de los empleados públicos, a favor de una auditoría integral de la deuda y la investigación del rol de los bancos en la crisis financiera del país.
La convocatoria coincidió con la celebración de la vista del caso que preside la jueza de la corte federal de quiebras, Laura Taylor Swain, que atiende la reestructuración de la deuda de Puerto Rico bajo el Título III de la Ley Promesa. El Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda Pública anunció que le harán llegar a la jueza Taylor Swain copia de las 140 mil firmas de personas que peticionaron la auditoría integral de la deuda.
“Insistimos en que antes de cualquier reestructuración de la deuda se debe realizar una investigación sobre la crisis financiera que examine con rigurosidad el rol que jugó la banca en el endeudamiento monumental del país en especial el Banco Popular, el Santander y el Gubernamental, así como las casas de corretaje e inversiones que se lucraron con las emisiones de esta deuda. El gobierno no actuó solo y estas instituciones financieras también deben ser investigadas y si incumplieron con su responsabilidad o cometieron ilegalidades deben responder por ello”, añadió Eva Prados Rodríguez, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda Pública.
Por su parte, Hugo Delgado Martí, portavoz del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST) señaló que una auditoria democrática e independiente de la deuda representaría una exposición de los traqueteos, malos manejos, y los esquemas fraudulentos con que sostienen en nuestro país el chantaje que mantienen la campaña a favor de las políticas de austeridad»
«En ese sentido la auditoria de la deuda es también un mecanismo de movilización, agitación y lucha», concluyó el portavoz socialista.
En la actividad participaron además representantes y afiliados a varios sindicatos, así como organizaciones políticas, comunitarias, profesionales junto a otros sectores y personas de la sociedad civil.