La federalización de la lucha contra la criminalidad

A principios de este año el Superintendente de la Policía (antes segundo al mando del FBI en Puerto Rico) y el Secretario de Justicia acordaron con las autoridades federales referirles los casos de asesinatos ocurridos durante un robo de vehiculo de motor, robo a bancos, por uso de armas ilegales, entre otros delitos. Mediante el acuerdo se incrementa la participación del FBI en las investigaciones criminales y el número de casos de esa naturaleza en la jurisdicción federal. La incapacidad de estos dos funcionarios no se oculta con un asimilismo servil y vergonzoso. Al parecer a estos dos funcionarios ya se les olvidó que al juramentar sus puestos prometieron proteger la constitución de Puerto Rico, la misma que prohíbe la pena de muerte. Su servilismo boca abajo demuestra en donde están sus lealtades. 

En el caso del asesinato de Félix Rodríguez Gómez y Kenneth Omar Betancourt Camacho, vigilantes del Departamento de Recursos Naturales, los investigadores de la Policía de Puerto Rico lograron arrestos en tiempo record; a los sospechosos se les encontró evidencia inculpatoria, y se cuenta con el testimonio incriminatorio de un alegado coautor. Aun así, el gobierno prefirió que el caso fuera referido a la jurisdicción federal. En la corte estatal estos presuntos asesinos enfrentan una sentencia máxima de dos cadenas perpetuas cada uno, mientras que en la jurisdicción federal podrían ser condenados a muerte o a dos cadenas perpetuas. En estas circunstancias es evidente que la intención al referir el caso es buscar patrocinar un nuevo caso de pena de muerte.
El gobierno de Luis Fortuño ha manifestado una política pública contra el crimen cuyo eje principal radica en el poder coercitivo del estado. Nada nuevo bajo el sol. La mano dura o el castigo seguro, frases de los gobernadores PNP y PPD que les precedieron, han fracasado. Los índices de criminalidad han aumentado a pesar de las intervenciones de los federales en el control de los puertos y aeropuertos por donde entra la droga y las armas ilegales. Las largas condenas estatales y federales sólo han servido para abarrotar las cárceles. La amenaza de pena de muerte para los criminales no ha servido de detente a quienes como Víctor Fajardo, Jorge de Castro Font, José Misla Aldarondo, y otros funcionarios electos del PNP han recurrido a conductas ilegales para enriquecer sus bolsillos y los del partido de gobierno.

La política de referir casos a los federales incrementa geométricamente la posibilidad de que se resintale la pena de muerte en Puerto Rico, abolida por ley desde el 1929 y mediante disposición constitucional desde el 1952. Al concluir el año 2009 y el primer mes del 2010 habían 2 casos certificados como de pena de muerte y al menos dos casos pendientes de ser certificados. Ahora se agrega uno nuevo. Si son consistentes, cada vez que haya un asesinato relacionado a carjakings, muerte de oficiales del orden público y por uso de armas ilegales se sumarán de inmediato más casos a la lista. El Secretario de Justicia y el Superintendente de la Policía, con el visto bueno del gobernador, han puesto los recursos del gobierno de la Isla para que los federales impongan la pena capital a Puerto Rico.

La condición colonial de Puerto Rico se cristaliza. Somos el único país del mundo en el que la pena de muerte está prohibida en la Ley Suprema, pero puede ser impuesta por la autoridad de otro gobierno. Además, de que en ningún otro lugar el proceso de pena de muerte se da en un idioma distinto al vernáculo. Los colonialistas del imperio y sus servidores PNP y PPD del patio deben quedar abochornados por dicha gesta.