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BREL1| Publicado el 8 febrero 2016
Cuando distintos colectivos se organizan para enfrentar la contaminación que ocasionan empresas transnacionales o el propio estado, establecen como objetivos inmediatos la solución a los daños a su salud y al ambiente. Esa realidad concreta los lleva a invertir innumerables horas en reuniones y actividades enfrentando la indiferencia gubernamental y de las compañías señaladas. Eventualmente chocan con los intereses económicos de estas compañías y con el gobierno. Se polariza la lucha entre el pueblo organizado y por otro la alianza empresa-estado, manifestando con suma claridad la colisión de los intereses de clase al igual que cuando trabajadores y trabajadoras se organizan para defenderse ante el patrono en una empresa pública o privada. Así la sociedad capitalista se desenmascara como una enorme fábrica.
Este enfrentamiento entre clases evidencia intereses de parte y parte que pugnan por prevalecer. Lucro individual frente al interés humano colectivo. Consustancialmente, el gobierno electo renuncia a representar a quienes le eligieron, demostrando que forma parte de la dictadura del capital. Y para ello no hay contemplaciones. Sea la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA), la Junta de Calidad Ambiental (JCA), legisladores y gobernador y demás agencias se ponen del lado corporacionista para derrotar al pueblo organizado. Y utilizan los cuerpos represivos coloniales y federales para detener el avance de las fuerzas contestatarias.
Cuando los y las militantes socialistas nos incorporamos a los frentes ambientales, lo hacemos con el propósito de desencadenar las fuerzas sociales contra el capitalismo. Las causas inmediatas y nocivas a la salud y al ambiente parten de la fórmula del éxito empresarial que promueve el estado y eso no tiene otro nombre que capitalismo; en el caso de Puerto Rico, uno colonial. De esta forma vemos cómo la carbonera AES de Guayama le vende a la AEE el 15% del total de la electricidad del país, produciendo impunemente toneladas de cenizas tóxicas dispersas en vertederos de Humacao, Peñuelas y Ponce y en relleno en carreteras, viviendas y centros comerciales. Y por otro lado los igualmente criminales ambientales de Energy Answers quieren atosigar una incineradora en Arecibo.
El amplio marco de funcionamiento capitalista nos explica sus raíces. Y es que producir masivamente no tendría sentido si no se consume de la misma manera. Para AES es conveniente asegurar su mercado fomentando el consumo eléctrico excesivo no importándoles el impacto negativo de sus cenizas. En el caso de EA tendría un negocio redondo pues obligaría a los municipios, mediante contrato a llevarles sus desperdicios (y si no los penalizaría) echando por la borda los programas de reciclaje y re-uso, fomentando el consumo. Produciría energía eléctrica que también le venderían a la AEE sin importar que sus contaminantes residuos de la incineración vayan al aire, agua y suelo.
La Alianza Comunitaria Ambiental del Sureste(ACASE), la Coalición contra la Incineración y otras, representan un obstáculo a estos ingresos millonarios.
De modo que es fundamental que el accionar de los frentes de lucha ambiental esté guiado por el análisis de contradicciones de clases sociales. Esto exige que socialistas nos vinculemos estrechamente con estas organizaciones y que impulsemos el imprescindible componente de trabajo directo con las comunidades, trascendiendo lo inmediato para derrotar estos y otros proyectos.
La evidente complicidad federal y colonial que auspicia el capitalismo, no debe tener otra respuesta que no sea fortalecer el poder popular de las comunidades para que tengan la última palabra. Y esa última palabra se ejerce en la lucha y se realiza avanzando hacia la consecución final de las condiciones políticas que se los garantice. Que las comunidades de trabajadores y marginadas sean dueños y dueñas de la toma de decisiones. Esa es la base del trabajo por la independencia socialista.
*Este artículo fue publicado originalmente en Bandera Roja Magacín – Otoño 2015
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