Neoliberalismo en la educación pública

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| Publicado el 8 febrero 2016

María Elena Lara Fontánez

Bandera Roja

Desde hace más de una década el gobierno en Puerto Rico ha venido, poco a poco, implantando diversas políticas neoliberales en detrimento de la educación pública. El efecto directo de estas políticas en la educación lo sufren tanto estudiantes como docentes pues las condiciones en que tienen que estudiar y enseñar cada día se deterioran más empeorando la falta de atención a las verdaderas necesidades educativas de los estudiantes y a las necesidades laborales de los maestros. Para el año 2001 el Departamento de Educación (DE) decidió someterse a las imposiciones de la ley federal No Child Left Behind (NCLB), diseñada para desmantelar la educación pública privatizándola pedazo a pedazo hasta entregarle el control total de las escuelas a compañías privadas. En torno a la implantación de esta ley se ha desarrollado un gigantesco negocio que involucra a gran cantidad de compañías. Éstas se dedican a elaborar y corregir pruebas estandarizadas como las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA). Ofrecen tutorías a estudiantes. Brindan adiestramientos y talleres a maestros, entre otras actividades, lucrándose de los muchos millones de dólares disponibles para beneficiarlos económicamente. En complicidad con el DE, quien no las fiscaliza, estas compañías realmente se han robado el dinero que mejor hace falta para libros, materiales, equipos, contratar más maestros y atender muchas otras necesidades de los salones de clases. Más de $1,100 millones, el Departamento tuvo que reconocer, fueron despilfarrados en el fraude con las tutorías ofrecidas a través de los Servicios Educativos Suplementarios. El esquema de corrupción, facilitado por el Departamento de Educación, hizo que compañías, como Rocket Learning, cobraran por servicios de tutorías que, aunque inefectivas, nunca fueron brindadas, lo cual provocó, recientemente, el arresto de un grupo de personas empleadas por esta compañía.

El propósito del gobierno federal con la NCLB es despojarse de su responsabilidad con la educación pública. En Puerto Rico el gobierno ha copiado la misma política neoliberal a cambio de los millones que enriquecen a los que luego aportan a las campañas políticas. Después de 14 años de vigencia de esta ley en la isla, el gobierno se prepara para la última fase en la implantación de la misma: la privatización total de las escuelas. Asumió la sucia tarea el senador Eduardo Bhatia el cual radicó, hace unas semanas, el Proyecto del Senado 1456 (Ley para las Alianzas en la Educación Pública), que no es otra cosa que la ley habilitadora que, por orden federal deben aprobar los estados y territorios para convertir las escuelas públicas en escuelas ”charter”. Para continuar recibiendo los fondos federales que llegan a través de la NCLB, el proyecto de Bhatia traspasa, obligatoriamente, el 15% de las escuelas públicas (200 escuelas aproximadamente) a entidades privadas, supuestamente “sin fines de lucro”. Alegando que estas entidades son las que saben operar escuelas exitosas, el Proyecto de Bhatia busca, además de beneficiar a los riquitos de su misma clase, bajar la cantidad de escuelas para disminuir, aún más, los gastos gubernamentales en la educación pública. Los maestros y maestras permanentes que se trasladen a trabajar en esas escuelas privatizadas dejan de ser empleados públicos por lo cual el gobierno se ahorra sus salarios, sus aportaciones al plan médico y al Sistema de Retiro, el pago de vacaciones y otros beneficios, pues estos gastos serán sufragados con los fondos federales asignados y administrados por las entidades privadas. Las maestras y los maestros trabajarán por contratados de servicios profesionales de un año, sin derecho a permanencia y a merced de las condiciones de salario y empleo que establezca cada patrono pues el proyecto de ley es claro que estas escuelas estarán “exentas” de la aplicación de leyes y reglamentos que actualmente aplican brindando protección y beneficios a los maestros de las escuelas del Departamento.

Mientras la implantación de la NCLB sigue avanzando, el gobierno continúa al mismo tiempo poniendo en práctica diversas medidas cuyo propósito es quitarle dinero a la educación para garantizar el pago de la deuda con los bonistas. El recorte de $180 millones de fondos locales en el presupuesto del Departamento para este año fiscal, el cierre de 130 escuelas en apenas 2 años, la proyección de más cierres de escuelas para los próximos años, la consolidación de otras 442 este año con la excusa de que eso mejora el aprovechamiento y la eliminación progresiva de cursos básicos para la formación académica de los estudiantes, son parte de esas medidas. El desempleo entre los maestros va en vertiginoso aumento. En poco más de una década se han perdido alrededor de 14,000 puestos permanentes de maestros. El salario se ha estancado y diezmado ante el insoportable costo de vida. El DE no está otorgando permanencias obligando a miles de docentes a solicitar trabajo todos los años al mismo tiempo que violenta el nombramiento por estricto orden de turnos. Mientras, el éxodo de docentes hacia los Estados Unidos se incrementa en búsqueda de empleo y mejores salarios.

Todos los problemas que enfrenta la escuela pública pueden resolverse sin necesidad de entregársela a entidades privadas. Las alegaciones de que las medidas del gobierno mejorarán la educación lo que hacen es encubrir que las mismas están siendo provocadas por las políticas neoliberales dictadas por los grandes bonistas en su afán por asegurar sus enormes ganancias. Poco les importa a esos ricachones que los niños pobres tengan que estudiar hacinados, en escuelas distantes a sus comunidades, sin materiales educativos y sin los maestros necesarios. Tampoco les importa que los maestros reciban un salario bajo, no tengan permanencia en el empleo o estén desempleados. Lo único que les importa es que se les pague por su usurero servicio prestatario. Los partidos que nos gobiernan defienden a esos grandes intereses, doblegándose ante la dictadura que quiere imponer el capital financiero. Los recortes y las supuestas “reformas” que desmantelan y privatizan la educación van dirigidas a complacer a los que nos piden sacrificios pero no están dispuestos a perder ni un solo centavo. Nuestra respuesta ante tanto abuso tiene que ser la lucha combativa para impedir la destrucción de la escuela pública.

*Este artículo fue publicado originalmente en Bandera Roja Magacín – Otoño 2016