Matrícula, desigualdad y justicia

Vivimos en una sociedad capitalista dividida en clases sociales y caracterizada principalmente por grandes desigualdades entre ellas. Con distintos matices, los intereses y privilegios de unos sectores de la sociedad (léase, los ricos) están en directa contradicción con las necesidades y los intereses de los otros sectores de la sociedad (léase, el pueblo trabajador y pobre). Y es del fruto de la fuerza laboral del pueblo pobre y trabajador que los ricos y privilegiados extraen y acumulan sus privilegios. En síntesis el pueblo trabajador subsidia los privilegios y las ventajas de los ricos.

“La educación es un derecho y no un privilegio” dice la famosa consigna de lucha estudiantil, y por ser un derecho, el acceso a una educación de calidad para todos y todas debe estar garantizado. Pero además de estar garantizado, ese acceso debe ser equitativo, no es suficiente garantizar el acceso, hay que garantizar igual acceso, pues en la medida en que el acceso sea desigual el efecto educación–privilegio continúa. Mientras unos tengan más acceso que otros se mantienen las ventajas y se redobla la desigualdad.

La educación es un derecho, pero también es una mercancía. Nos guste o no la educación tiene un costo y un precio. El recién recordado por algunos y algunas, Karl Marx, decía en “El Capital” que el capitalismo es un gran almacén de mercancías y si algo aún no tiene precio, está a punto de tenerlo. La educación es un derecho pero no podemos ser románticos o románticas y pensar que no tiene un costo. La educación tiene un costo; la idea de la universidad pública es que el Estado, con el dinero que el pueblo aporta en contribuciones, subsidie ese costo (o una parte) de manera uniforme a quien sea “admitido o admitida” a la Universidad. La carga de ese subsidio recae principalmente en la clase trabajadora que es la que más aporta en contribuciones al Estado. Por lo tanto, el subsidio es uniforme pero las aportaciones que lo sostienen no lo son. Por lo tanto cualquier costo (o no-costo) uniforme representa una desigualdad y una injusticia.

Las ventajas económicas se traducen de inmediato en ventajas educativas y se manifiestan desde el nacimiento del individuo y se van acumulando desde el kínder y durante el resto de su carrera educativa. Por un lado, un niño o niña de una familia adinerada recibe atención y tratamientos adecuados ante problemas de la vista, audición y muchos otros que desembocan en “problemas de aprendizaje”. Llega a la escuela bien alimentado y descansado y en la casa cuenta con los recursos educativos necesarios: enciclopedias, computadoras, internet, en fin, con un sinnúmero de herramientas que son sólo posibles gracias al poder adquisitivo de esa familia. Por otro lado un niño o una niña de una familia marginada enfrenta un serie de problemas ligados a su escasez de recursos que no sólo afecta el progreso educativo de él o ella sino que también incrementa la desigualdad frente a los que ya de por sí tienen ventajas acumuladas. Esta dinámica termina cerrándole la universidad a los sectores desaventajados que ni siquiera son admitidos a la UPR, perpetuando así las desventajas y la desigualdad. Es por esto que no basta con atender el problema del costo de matrícula. Es necesario aumentar drásticamente el cupo de la universidad y aplicar una política de admisión inclusiva que garantice la entrada y retención de los sectores que hoy están siendo marginados de la universidad.

Entonces, para que el costo del derecho a la educación se distribuya justa y equitativamente tiene que haber un ajuste en la aportación que hacemos los y las ciudadanas, Y esto nos lleva a las propuestas. Definitivamente queda comprobado que la propuesta de gratuidad uniforme, si bien representa una reducción en el precio de matrícula, continúa representando un doble subsidio injusto y desigual. Algunos defensores y defensoras de la matrícula gratuita, luego de años de debate, han añadido a su propuesta que la manera de resolver el problema del subsidio injusto es haciendo el ajuste en el sistema contributivo y sacarle el precio al costo de los créditos en la Universidad. Este cambio es un reconocimiento muy positivo de que el ajuste es un la lógica superior a la uniformidad en cuanto a la búsqueda de equidad. Entonces, estipulada la necesidad del ajuste queda por debatir en dónde hacer el ajuste. ¿En la matrícula? ¿En los impuestos? ¿En ambos?

Soy socialista. Para mi la justicia significa que el progreso individual va de la mano del progreso colectivo y viceversa. Para hacer justicia como yo la entiendo, hay que hacer muchísimos ajustes en todas partes, así que tengo que decir que mi respuesta es: en ambos. La matrícula ajustada es una propuesta directa, para combatir el doble subsidio en la universidad entre la comunidad universitaria. Atiende el problema del subsidio directamente en el individuo en la Universidad garantizando que ni se quede afuera por no poder pagar, ni que saque más ventaja de la que ya tiene. Es una política de justicia aplicable directamente en la universidad mientras se continúa luchado por el ajuste en las contribuciones.

Se argumenta que hacer el ajuste en las contribuciones y sacar el procedimiento de pago de los créditos en la matricula cumple con hacer el ajuste y también rompe con la lógica mercantil de la educación y adelanta la “descomodificación” de la educación.

Por un lado, me surge una inquietud, pues mucho se ha cuestionado como se aplicaría la Matrícula Ajustada a los Ingresos (MAI) en la UPR, entonces yo me pregunto ¿Cómo se aplicaría el ajuste contributivo radical que necesita la gratuidad para que represente una medida justa y rompa con el doble subsidio en vez de redoblarlo? Y por otro lado, esto me parece que es como tratar de esconder el sucio debajo de la alfombra para creernos que no está ahí. Es como ser ambientalista pero no querer bregar con basura. La educación tiene un costo y por ende la universidad también, no podemos huirle a eso, hay que meterle mano y tomar control de ese costo desde la universidad para el beneficio del país.

La lógica mercantil de la educación no está en el procedimiento de pago de los créditos. La lógica mercantil responde al sistema capitalista y su necesidad de desarrollar unas destrezas específicas para cumplir con las demandas el mercado. Puedes quitar el costo al crédito pero el diploma comoquiera tuvo un costo y tendrá un valor en el mercado. Por el contrario, es la lógica del ajuste la que golpea y altera directamente el carácter de mercancía de la educación y la separa, como un derecho, de cualquier mercancía regular. La Coca-Cola no es un derecho y el que la quiera que la pague al costo que le ponga el mercado. Ahora, meterse adentro del precio que pagan las personas por el crédito para alterarlo y ajustarlo a sus necesidades desde una perspectiva social es un verdadero acto revolucionario contra el carácter mercantil de la educación en favor de la justicia y la equidad.

Para poder hacer éstas y otras cosas (como por ejemplo, un nueva política de admisión inclusiva que combata el problema del elitismo en la admisiones) es para lo que yo quiero la autonomía universitaria, para cosas verdaderamente importantes, no para decidir cómo se escogen los rectores o rectoras y presidentes o presidentas y jugar a las elecciones en la UPR. Autonomía para decidir qué universidad queremos, para quiénes y para qué país pues, al fin y al cabo, esa son las preguntas que debemos responder para determinar los métodos, no sólo de cómo aportamos al costo de la educación, sino también para trasformar el proceso educativo hacia uno liberador.