| Publicado el 26 enero 2011
Arrestos y más arrestos parece ser el plan del gobierno y la policía contra las manifestaciones de desobediencia civil que mantienen los estudiantes de la UPR. La represión desatada por la policía, y su Unidad de Operaciones Tácticas, tuvo el saldo de 32 manifestantes arrestados. Nuevamente se arrestó a los estudiantes por realizar actos de desobediencia civil pacífica, como parte de la lucha contra la Cuota de Estabilización Fiscal impuesta por la administración de la UPR. Entre los manifestantes arrestados por la desobediencia se encontraban estudiantes y profesores.
Los arrestos comenzaron en el portón de la Facultad de Derecho contra los estudiantes que se sentaron en el suelo para interrumpir el paso. Entre los primeros arrestos se registró el del compañero Ricardo Olivero Lora, corresponsal de Radiohuelga. Los estudiantes arrestados fueron conducidos hasta las “perreras”, donde se registraron agresiones y empujones contra periodistas. Estos fueron sacados fuera del recinto por parte de la Fuerza de Choque, quienes utilizaron sus escudos para empujar a los manifestantes a la Avenida Barbosa. Los arrestos continuaron en el protón de la Facultad de Educación, donde fueron arrestados 14 compañeros y compañeras. Después de los arrestos, el grupo de manifestantes que se encontraba en el protón se movió a la Avenida Gándara, donde cortaron el paso vehicular. Luego se unieron a los manifestantes que piqueteaban en la intersección de la Avenida Barbosa con la Gándara. Los estudiantes fueron perseguidos por un numeroso contingente de Fuerza de Choque y de la Unidad Montada. Mientras la policía empujaba a los manifestantes hacia la Gándara, en el portón de Bellas Artes se realizaron los últimos arrestos.
Nuevamente cientos de efectivos policiacos llenaron las calles de Río Piedras, con el solo objetivo de evitar las manifestaciones estudiantiles. De esta forma la policía busca quebrar la voluntad de lucha del sector más consciente del estudiantado. La administración y el gobierno necesitan garantizar la normalización del Recinto para el comienzo del próximo semestre, y la única forma de lograrlo es derrotando de una vez y por todas al movimiento estudiantil. De ahí que se deje caer todo el peso de la represión contra los estudiantes que protestan de forma pacífica. Mientras que el despliegue masivo de efectivos de la Policía, la Fuerza de Choque y la Unidad Montada busca ejercer un efecto desmoralizador en el movimiento, buscando causar terror en los manifestantes y la población con la utilización de cientos de efectivos policíacos.
Al gobierno de Fortuño parece no importarle la impopularidad y el desprestigio que le pueda causar el despliegue diario de cientos de policías en las calles de Río Piedras, ni el arresto diario de decenas de manifestantes por ejercer su derecho a libertad de expresión. Así el gobierno parece haber escogido la política de tierra arrasada, mientras pretende continuar el estado policíaco en la UPR hasta que hayan destruido la totalidad del movimiento estudiantil. Pero aunque la represión ejerce un efecto de desgaste sobre el movimiento, también afecta a la policía como fuerza de ocupación. La permanencia en la UPR por un periodo largo de tiempo afecta moralmente a la policía, lo que se traduce en errores de funcionamiento, brutalidad policiaca, arrestos injustificados y agresiones contra la prensa, entre otras cosas. Lo que junto al despliegue injustificado y desproporcionado de fuerzas, abona al deterioro de la imagen pública de la policía.