Resurge la violencia antihaitiana en la República Dominicana tras nefasta decisión judicial

En el espacio de periodismo ciudadano de CNN, “iReport”, un policía de la Ciudad de Nueva York de acendencia haitiana llamado JC Laurent recientemente publicó fotos de un hombre ensangrentado y de otro atado a un árbol rodeado de un gentío y un oficial armado. En el texto que acompaña las fotos se alega que estas son indicios de un genocidio del cual son víctimas “tanto como el 90%” de los haitianos en la República Dominicana. Luego de una breve investigación cibernética, no hemos podido constatar estas alegaciones.

Sin embargo, distintas redes de prensa informan sobre matanzas y aumentos significativos en las deportaciones. Una de estos asesinatos ocurrió en el pueblo fronterizo de Duvergé. Aunque fuentes internacionales solo han informado el linchamiento de una persona, según el diario haitiano angloparlante The Sentinel, cerca de dos docenas de personas fueron asesinadas luego de que una multitud acusara a un haitiano de asesinar a una pareja de envejecientes para robarles dos sacos de café.

Hemos confirmado, no obstante, que la policía y ejército dominicanos han deportado a más de 350 personas luego del incidente. Según el Estado dominicano, algunas de éstas han solicitado “voluntariamente” ser transportadas al lado haitiano de la frontera, por temor al linchamiento. No obstante, grupos de derechos humanos afirman que muchas están siendo detenidas en redadas callejeras para ser deportadas. La tensión es evidente.

Estos sucesos ocurren luego de que el Tribunal Supremo de dicho país dictaminara despojar de la ciudadanía dominicana a cerca de 200,000 personas nacidas en República Dominicana de ascendencia haitiana.

La violencia xenófoba y racista contra las y los haitianos en la República Dominicana no es nada nuevo. En 1937, el entonces dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo, llevado al poder y protegido por los EE.UU., organizó una de las masacres más grandes en la historia contemporánea dominicana, asesinando a decenas de miles de haitianos como parte de su proyecto de “dominicanización de la frontera”. De la mano de Joaquín Balaguer, promovieron el antihaitianismo hasta elevarlo a un elemento definitorio de la identidad nacional y recreándola así en oposición al vecino país. Desde entonces hasta hoy, la violencia multifacética ha continuado a una intensidad más baja pero aún letal.

Tan recientemente como el mes pasado, unas 3 o 4 personas de descendencia haitiana fueron asesinadas y desmembradas en otra localidad fronteriza.

Aunque el gobierno dominicano hoy no sanciona abiertamente estas matanzas, sus fuerzas represivas a menudo son cómplices cuando no directamente culpables de la violencia. La reciente decisión de dejar sin derechos a 200,000 personas pobres y trabajadoras por el mero hecho de su ascendencia ciertamente ha fomentado el odio xenófobo y el sentimiento de impunidad de quienes actúan bajo su impulso.

Desde la Revolución de esclavos que logró su independencia de Francia en 1804, Haití ha sido un país maldito por el capital financiero internacional, invadido incontables veces por varios países, incluyendo los Estados Unidos, que ocupó el país entre 1915 y 1934 para cobrar la mal llamada deuda de las y los haitianos a los banqueros de Wall Street. Más recientemente, EE.UU. promovió la desestabilización y el derrocamiento del gobierno democrático de Jean-Bertrand Aristide dos veces, para satisfacer las exigencias del Fondo Monetario Internacional.

Como resultado, cientos de miles de haitianas y haitianos se han visto obligados a emigrar a la vecina República Dominicana, a trabajar como mano de obra barata, especialmente en las centrales azucareras de dicho país, en su mayoría de propiedad estadounidense. No obstante, estos siempre han representado una amenaza para las clases dominantes dominicanas, quienes han buscado mantenerlos bajo sometimiento y control mediante un discurso marcado por el prejuicio racial. Con el declive de la economía azucarera y otras transformaciones recientes en la economía dominicana, esa masa de seres humanos se convierte en un excedente “problemático” para el gobierno dominicano.

La violencia antihaitiana en la República Dominicana es, pues, un ejemplo más de cómo el Gran Capital, las burguesías lacayas locales y sus gobiernos títeres han dividido a la clase trabajadora mundial a su conveniencia y beneficio, sin importarle que los odios y rencores que generan y promueven desemboquen en guerra y sangre (y muchas veces, con precisamente esa intención).

Esta situación no nos es ajena. En Puerto Rico existe una significativa comunidad haitiana, compuesta principalmente por personas de clase trabajadora. Hace tan solo dos semanas, 18 emigrantes haitianos fueron lanzados al mar por contrabandistas cerca de la Isla de Mona, 5 de quienes murieron ahogados. Las draconianas leyes de inmigración del gobierno federal estadounidense, que imperan en la colonia, siempre han afectado de manera particularmente violenta a las y los haitianos.

Desde Bandera Roja hacemos un llamado a las comunidades trabajadoras dominicana y haitiana de Puerto Rico, a todas las organizaciones de derechos humanos de las y los inmigrantes, a las organizaciones políticas de izquierda y a la clase trabajadora en general, a mantenerse vigilantes. Bajo ningún concepto permitiremos que la violencia antihaitiana, por parte de quien sea, se propague en nuestro país. Así mismo denunciamos al lacayo y racista Estado dominicano por su complicidad, dejando claro que la denuncia no es en lo absoluto en contra del heroico pueblo trabajador de dicho país, ni contra la explotada y discriminada comunidad dominico-boricua.

Solo la derrota del imperialismo mediante la lucha organizada y consecuente de las y los oprimidos y la clase trabajadora en todo el Caribe podrá ponerle fin al ciclo de violencia y muerte.