Un grupo de contratistas en unión a empleados gerenciales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados se han unido para estafar al pueblo de Puerto Rico mediante la inflación de facturas de trabajos de “emergencia” realizados por los primeros. Utilizando como subterfugio un estado de emergencia que no existe en la agencia los contratistas se embolsillan millones de dólares ya que no se necesita realizar subastas publicas, como la ley lo exige. Por otro lado, los empleados gerenciales en altos puestos pueden justificar sin problema alguno el pago y el derroche de esa millonada a sus amigotes colmillús. Esta práctica no es nueva dentro del gobierno y sus instrumentalidades, y mucho menos dentro de Acueductos, sin embargo no deja de producir repugnancia y asco ante la impunidad que gozan estos individuos por parte de las agencias fiscalizadoras del estado. Una de esas agencias es el Departamento de Justicia que siempre que se refiere uno de estos casos de despilfarro y estafa los fiscales determinan que no existen los elementos para procesarlos criminalmente. Esta actitud de dejadez y menosprecio a la justicia me obliga a pensar si sería positivo para el pueblo “privatizar” también al Departamento de Justicia…si ya no lo está.

Los contratistas llevan años controlando a la alta gerencia de la Autoridad de Acueductos para conseguir sus fines. Por medio de donaciones a politiqueros inescrupulosos que sólo les interesa su propio porvenir éstos han logrado que nombren dentro de la agencia a administradores privados que les respondan exclusivamente a ellos y éstos, a su vez, buscan diferentes medios para realizar contratos leoninos que afectan el crecimiento de la empresa pública y el servicio que se le puede brindar al pueblo. También han logrado insertarse en los medios de difusión llevando un mensaje de descrédito y de mentiras en contra de la agencia y sus trabajadores para que se les haga más fácil la privatización. Privatización que les beneficia únicamente a ellos como empresarios, y que el pueblo avala sin pensar en las consecuencias futuras. Utilizando esos métodos el contratista y sus aliados estafan al pueblo puertorriqueño.

Para muestra con un botón basta. A continuación les detallo una factura de cobro de una reparación de una tubería de 8” sanitaria en una urbanización en el área oeste por un contratista millonario. En la otra les muestro los precios que este servidor consiguió sin ser contratista. Debo señalar que el contratista compra por cantidades exhorbitantes y que recibe algún tipo de descuento por sus compras, etc. mientras que el ciudadano común y corriente no recibe esas bondades.