Luego de juramentar como gobernadora, Jenniffer González firmó cuatro órdenes ejecutivas; tres de las cuales se orientan hacia agilizar procesos para expedir proyectos y construcciones en la isla.
La presentación de estas órdenes ejecutivas comenzó con los planes de la declaración de un estado de emergencia por motivo de infraestructura como riesgo de seguridad pública. De esta manera se facilita imponer otras medidas sin necesariamente cumplir con ciertos requisitos establecidos para proyectos. Otra de las órdenes propone la organización de un «Task Force» o grupo de trabajo para «sentar las bases para una recuperación económica sostenida y efectiva en Puerto Rico a través de esfuerzos dirigidos a simplificar, agilizar y consolidar el proceso de obtención de permisos, a fines de estimular la economía y propiciar un ambiente de negocios más competitivo». Estos nombramientos buscarían garantizar la ejecución de los planes establecidos en dichas órdenes. Según el boletín administrativo, la tercera orden «busca poner en vigor disposiciones de las leyes núm. 118-2024, 119-2024 y 131-2024 y disponer de procesos para agilizar permisos de proyectos financiados con fondos federales, proyectos designados como críticos o estratégicos y proyectos de emergencia.»
El PS63 presentado por Thomas Rivera Schätz el 2 de enero busca atrasar el proceso de entrega de información según la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Mientras que las órdenes ejecutivas que firmó la gobernadora ese mismo día se orientan hacia garantizar y agilizar construcciones y proyectos.