La privatización del deporte en Puerto Rico es un factor que agrava la situación de las facilidades deportivas. Aunque el país ha producido atletas de alto rendimiento, incluidos algunos olímpicos, la realidad es que estos logros son en su mayoría fruto del esfuerzo de las familias, que asumen los costos de entrenamientos, competencias y equipos. El gobierno y los municipios han fallado en desarrollar programas deportivos accesibles para todos, dejando a la clase trabajadora sin opciones para que sus hijxs se involucren en el deporte. Aquellos que no tienen los recursos económicos necesarios para inscribir a sus hijxs en ligas privadas o pagar entrenadores personales se ven relegados, privando a la isla de talento potencial que podría surgir de las comunidades menos favorecidas.
Un programa estatal de desarrollo deportivo podría ser la solución a este problema, beneficiando especialmente a la clase trabajadora. Este programa debe enfocarse en varios frentes. Para comenzar, es imprescindible la rehabilitación de las instalaciones deportivas en todo el país, especialmente en áreas rurales y de bajos recursos, donde las condiciones son más críticas. Este plan debe incluir la instalación de iluminación adecuada, reparación o construcción de techos en canchas al aire libre, mejoras en la infraestructura sanitaria y un mantenimiento constante de las áreas verdes.
El segundo lugar, el desarrollo de un programa deportivo serio a través del Departamento de Educación (DE). El DE cuenta con la infraestructura y el personal necesario para implementar un plan de esta magnitud. Este programa debe incluir la disponibilidad de maestrxs de Educación Física y entrenadorxs fuera del horario escolar, lo que permitiría extender las horas de entrenamiento y ofrecer una formación deportiva sólida y consistente con torneos intramurales e interescolares. Es crucial que se asignen recursos como uniformes y transportación para asegurar que lxs jóvenes de todas las comunidades puedan participar, sin importar su situación económica. La remuneración justa para el personal también debe ser una prioridad, reconociendo el valor de su trabajo en el desarrollo de las futuras generaciones de atletas. Un tercer componente debe ser la creación de academias deportivas públicas, distribuidas estratégicamente en todo el país, que identifiquen y desarrollen el talento desde edades tempranas. Estas academias ofrecerían entrenamientos de calidad en una variedad de deportes, no sólo en los más populares como el béisbol y el baloncesto, sino también en disciplinas menos comunes que han demostrado tener potencial en la isla. No sólo se centrarían en la formación técnica, sino también en inculcar valores de disciplina, trabajo en equipo y perseverancia, esenciales para el desarrollo integral del deporte.
Este programa mejoraría la salud física y mental de lxs jóvenes, al ofrecerles un espacio para la actividad física regular, fomentaría la cohesión social, al crear puntos de encuentro para las comunidades, y serviría para mantener a nuestra juventud alejada de la violencia y las drogas. Asimismo, democratizaría el acceso al deporte, brindando oportunidades a aquellas personas que, por falta de recursos, han sido históricamente marginados. En lugar de depender de la inversión privada y del sacrificio económico de las familias, el Estado asumiría un rol activo en la promoción del deporte como un derecho, no como un lujo.
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