Al menos dos contratistas del Municipio de Bayamón participaron con vehículos corporativos en la caravana de la pre-candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista Jennifer González, según fotos que fueron suministradas a Bandera Roja en la tarde de hoy. La caravana mostró una vez más el intercambio que se da en las campañas del PNP y el PPD al estos utilizar los recursos de las empresas que financia el gobierno por medio de contratos.
BT Group, una empresa de construcción que pertenece a Alberto Terrasa Torres, figura como contratista del Municipio de Bayamón. Los contratos del Municipio con la empresa datan, al menos, del año 2015 pero del 2020 al presente han garantizado sobre 8.5 millones de dólares. Estas incluyen construcción de estructuras, reparación de vías públicas, estacionamientos e instalaciones deportivas. La fuente de los fondos en su mayoría provienen de fondos federales. Alberto Terrasa Torres también aparece como donante en efectivo del comité municipal del PNP en Bayamón en el año 2023. En el pasado ciclo electoral fue donante de la entonces candidata a legisladora por el Distrito Representativo 8 por el PNP Yashira Lebrón Rodríguez.
De otra parte está Environmental Solutions LLC, una empresa que pertenece al empresario Ricardo Rivera Vallejo también portaba la bandera de las pre-candidata. Esta empresa no tiene contratos de forma directa con el Municipio de Bayamón y es de reciente creación pues aparece incorporada en el año 2023. Sin embargo, Ricardo Rivera Vallejo también se le conoce como Ricky Distributor y este si tiene contratos adivinen con qué municipio… Este mantiene desde el 2021 sobre 1.5 millones de dólares en contratos con el Municipio de Bayamón por concepto de venta de vehículos e instalación de aires acondicionados.
Independientemente de si los servicios fueron prestados o no, el utilizar vehículos corporativos en una actividad de proselitismo político muestra un claro conflicto de interés. El apoyo del alcalde Ramón Luis Rivera hijo a la pre-candidata Jennifer González hace de este intercambio una evidente venta de influencias. Más alla del aspecto legal, del cual desconocemos, se trata de una inmoralidad el estar utilizando vehículos que de forma indirecta son financiados por los contratos gubernamentales.
En el peor de los casos se podría tratar de un donativo «en especie» que hasta nuestro conocimiento no aparece registrado en la oficina del contralor electoral. Este «donativo» si fuera a registrarse en las de la ley debe cotizarse al mismo precio inflado que estas empresas le suelen facturar al gobierno y a su vez incluir los insumos como la gasolina y el salario de los empleados.
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