Venta de la Telefónica es para beneficiar monopolio privado

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Daniel Ramírez

Bandera Roja

El principal argumento del gobierno para justificar la venta de la Telefónica es la entrada de la competencia con la aprobación en el congreso de los Estados Unidos del Telecommunications Act de 1996. Esta ley le quita teóricamente el monopolio a las compañías telefónicas regionales en ese país. Por iniciativa del Partido Nuevo Progresista fue extendida a Puerto Rico. Tras un año de aprobada la ley en realidad sólo ha servido para consolidar a los grandes pulpos que dominan las telecomunicaciones en EE.UU. Estos figuran entre las principales compañías interesadas en comprar la PRTC (Puerto Rico Telephone Company).

En 1977 la Telefónica fue comprada a la ITT (International Telephone and Telegraph). Esta compañía tenía en ruinas al sistema telefónico y proveía un servicio deficiente sólo a las principales áreas urbanas. Esta compañía era la afiliada transnacional del gran monopolio norteamericano ATT (American Telephone and Telegraph). En 1984 el Congreso forzó la división de esta compañía en siete compañías regionales, las «Baby Bell». Entre éstas se encuentran Bell South (presente en nueve estados del Sur) y Bell Atlantic (que domina la Costa Este), dos de las compañías interesadas en adquirir la PRTC.

Entre un gran número de asuntos la ley del 1996 obligaba a estas siete compañías gigantes a abrir sus mercados a la competencia: permitiendo el acceso a sus ya instaladas redes de teléfonos. No obstante, las «Baby Bell» gastaron $847,000 en cabildeo para que se aprobara esta ley, mientras que las compañías de larga distancia gastaban unos $371,000. La razón es que las Baby Bell obtuvieron que la ley les permitiera entrar a nuevos mercados: ofrecer servicio de larga distancia, ofrecer servicio de televisión por cable y ser proveedores de la red Internet. Las Baby Bell figuran entre las compañías más ricas de los EE.UU. (están entre las primeras 50 compañías de ese país).

Esto explica porqué la actual administración telefónica de Ana María Culpeper, que está preparando la venta, pidió la anulación del acuerdo que le impide competir con Telefónica Larga Distancia. Esto también implica que el potencial futuro de generar ganancias de cualquier propietario de la PRTC es multimillonario.

A pesar de que teóricamente la ley federal del 1996 abre la telefonía local a la competencia, la realidad es que la propiedad por compañías regionales de las redes de teléfonos, de las centrales, y de todo el equipo les da un tremendo poder económico para enfrentar y vencer a la competencia. De hecho, en el año desde que se aprobó la ley no ha cambiado en casi nada el gran dominio de las siete «Baby Bell» sobre el sistema telefónico norteamericano, como fue denunciado por Mark Phiegler, presidente de American Consumers of Telecommunications.

También es falso el argumento de que la supuesta competencia traerá una rebaja de las tarifas. La realidad es que en los EE.UU. bajaron las tarifas para los usuarios comerciales o de negocios, mientras aumentaron para los usuarios residenciales, que representan de un 60 a un 65% de los ingresos telefónicos en ese país. Esto es porque incluso los competidores potenciales en el mercado local van a estar detrás de los usuarios de negocios con sus mayores gastos telefónicos. La razón es que la competencia real en el mercado local de consumidores requiere de una gran inversión que sólo compañías establecidas y grandes como la Telefónica o las Baby Bell están dispuestas a realizar.

La posible venta de la Telefónica sólo servirá para devolver a un monopolio privado, probablemente relacionado con la ITT, el control del sistema de telecomunicaciones en Puerto Rico. Monopolio que con su afán de lucro eventualmente aumentará las tarifas, discriminará contra los sectores más desaventajados de nuestra sociedad y despedirá a miles de trabajadores. Por todo ello, es del interés de todos acrecentar nuestra lucha contra la venta de la Telefónica.