| Publicado el 11 noviembre 2003
Lillian Martí Díaz
R.D.V.
Cada día se corrobora más el contenido de la consigna que sirve de título a este escrito: La privatización no es la solución. Pretender que el mercado regule el intercambio de mercancías y servicios sin considerar el interés de ganancias que se esconde tras este proceso es ser muy ingenuo o representar unos intereses creados. Sólo hay que tener el oído en tierra, observar y reflexionar sobre el acontecer diario. Experiencias y ejemplos en el comercio, los medios de comunicación y la educación así nos lo demuestran.
En muchas ocasiones se ha denunciado, internacionalmente, como el exceso de producción de un artículo y/o producto (ej. papas) es destruido para así controlar el precio del mismo. En un mundo donde existen tantos países y/o sectores empobrecidos (hasta en los mismos países productores) es un crimen esta acción. No obstante, esta es una práctica común del capital productivo cuyo interés principal es la obtención de ganancias y no precisamente el bienestar social. Hoy en día nos horrorizamos al saber que en el Puerto Rico actual el capital comercial, propietario de las grandes cadenas de supermercados (Amigo, Grande, Pueblo) tanto local como extranjeras, caen en las mismas mañas. Desechar productos perecederos (en buenas condiciones) y una gran cantidad de no perecederos por no cumplir con el requisito de apariencia y/o envoltura en un país que existe una alta tasa de población bajo el nivel de pobreza y un sin número de organizaciones sin fines de lucro es sintomático de la finalidad que rige a estas empresas. Los jóvenes que trabajan en el aprovisionamiento nocturno de estas cadenas son fieles testigos de estas acciones que noche a noche les toca ejecutar. Esta modalidad, de el capital productivo y de el comercial de destruir y/o desechar el excedente, aunque nos impacte no debería de sorprendernos ya que al fin y al cabo el capital, no importa su origen nacional, no va a redistribuir por motus propio el producto social.
Por otra parte, es doloroso corroborar como lo que se había anticipado se materializa. La privatización de la Telefónica también ha tenido sus consecuencias. Los efectos en los beneficios de los mismos trabajadores telefónicos; en el servicio que se ofrece; en las tarifas y en las prácticas que esta ejecuta se han dejado sentir en detrimento de nosotros mismos como pueblo trabajador y consumidor. Las quejas en la Oficina Comercial de Caguas por un horario de 8:30am a 3:00pm, inconveniente para aquel consumidor que trabaja, se escuchan allí a diario por la doble pérdida que esto representa. La intención de la Telefónica de cobrar las llamadas hechas desde celulares se contrapone a las ventajas que ofrecen en las ofertas de llamadas gratis que las compañías publican para uno optar por este tipo de teléfono. Las quejas por cobros indebidos de líneas dadas de baja, a las que aún se les envían facturas; las altas tarifas de llamadas por cobrar hechas desde teléfonos públicos; el desglose de pagos, servicios e impuestos facturados mensualmente; las llamadas no hechas pero cobradas; el cobro voluminoso por servicio de arreglo y equipo roto son todas situaciones y quejas que se han incrementado y agravado desde que esta compañía fuera privatizada. ¿Es la privatización la solución?
Por último y no menos importante, concentrémonos en la educación. La proliferación de universidades, colegios e institutos privados en PR es un hecho evidente y altamente cuestionado en diversos círculos y medios de el país.
La proliferación de colegios privados que sirven de válvula de escape para aquellos estudiantes de bajos promedios y de graves problemas de conducta es una verdad dicha a medias entre algunos sectores. El hecho es que en muchas ocasiones estos chinchorros no resuelven los problemas de aprendizaje ni de conducta de estos estudiantes, por el contrario, la política de algunos colegios es de mantenerlos ahí a toda costa. Se convierten en un lugar de cobro para estar y para pasar de grado aún cuando no se cumplan con las expectativas de superación y de excelencia académica. Este medio de enriquecimiento de los dueños de estas “escuelas” se convierte en uno más lucrativo al pagarle salarios miserables a los maestros (quienes son los que día a día se enfrentan a esta situación) y manteniendo unas condiciones deplorables en las estructuras físicas. Los CEDI y los Dr. Charles I. Moller son ejemplos de estos casos.
Para no extendernos demasiado en este renglón nos hemos limitado a los colegios sin entrar en el caso de las Universidades e Institutos en los cuales los resultados del College Board y las ejecutorias académicas de sus estudiantes nada tienen que ver con criterios de admisión y de retención n. Tener y mantener muchos estudiantes es más cuestión de chavos que de educación.
Día a día corroboramos que la privatización se opone al bienestar colectivo, a la excelencia, al disfrute y redistribución de lo que se produce socialmente. Privatizar es entregarle al capital nuestra vida (¡mira lo que ha pasado en Salud!) y nuestro derecho a regir y disfrutar al máximo de la misma. Por lo tanto: LA PRIVATIZACIÓN NO ES LA SOLUCIÓN.