Ahora más que nunca: ¡No a la venta de la Telefónica!

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Bandera Roja

Rodríguez Ema ha comprobado que las sospechas que el pueblo tenía sobre la venta de la Telefónica estaban más que justificadas. Mientras más hablan los promotores de la venta se resalta el hecho evidente; los privatizadores ganan a costa de los telefónicos y los consumidores. Con la privatización pierde el pueblo.

Para GTE la adquisición de la Telefónica es una ganga. Tan sólo tiene que desembolsar en efectivo $375 millones de los $1,875 millones que es el precio de compraventa. Con ello están en condiciones de tomar el control de la empresa y cobrar los $370 millones que otras personas, incluyendo el gobierno, adeudan a la Telefónica. Además, se presenta un contrato de administración por cinco años en los que GTE cobrará a la Telefónica privatizada alrededor de $35 millones por año ($175 millones adicionales). A cambio de esa bagatela autofinanciada, la GTE domina y controla una compañía telefónica digitalizada y moderna, y queda liberada de una deuda de $725 millones que ser? saldada al momento de la venta por la corporación pública. Hay que recordar que la empresa genera sobre $100 millones de ganancias anualmente y en pocos años la GTE habrá recobrado su desembolso en efectivo.

El resto del precio de compraventa ser? financiado por un préstamo a ser pagado por la Telefónica privatizada. Como no existe una prohibición de aumento de tarifas, ni de despidos, el costo de ese financiamiento será fácilmente trasladado a los empleados telefónicos y a los consumidores. La privatización conllevará eventualmente despidos y aumentos de tarifas, pues la empresa ser? un mero instrumento de producción de riquezas para los privatizadores.

La participación del Banco Popular permite cuadrar el negocio. Estos adquirirán el 5% de las acciones y están promoviendo entre potenciales compradores la venta de un por ciento similar. El Banco Popular es el cliente principal de la Telefónica, y depende de ese servicio para sostener su red de ATH, la que ha sido extendida a la región del Caribe y en especial a la República Dominicana. Además, el Banco Popular tiene interés en la venta porque a su juicio ?ésta propicia la creación de un mercado de capitales en Puerto Rico. Dicho de otra forma, el Banco se beneficiar? por los depósitos que la venta pueda significar. Siendo parte del negocio, el Banco Popular garantizará colocarse en una posición de ventaja para las contrataciones con el consorcio propuesto. Con el Banco Popular se ha privatizado ya el cobro del servicio telefónico. Estos tratarán a su vez de contratar los depósitos bancarios e inversiones de la Telefónica.

Los trabajadores telefónicos enfrentan un gran reto. De no procurar la paralización de los servicios con una huelga militante y combativa, se podría consumar la venta. La GTE, que es propietaria de la compañía telefónica de la República Dominicana, está en condiciones de trasladar el servicio de operadoras a la isla vecina a un menor costo, tal como lo han hecho varias compañías de «beepers». La reducción de empleados, el aumento de trabajo y la congelación de salarios será la orden del día. La Legislatura ha renunciado a impedir esa eventualidad al negarse a incorporar a la negociación cláusulas que protejan el empleo existente.

La privatización de los servicios telefónicos no es nueva. La ITT era la propietaria de la empresa antes que el gobierno. Entonces los servicios eran malos y caros. En los sectores rurales apenas había servicio telefónico. Esto era así debido a que el afín de lucro motivaba el reducir la inversión en lugares en donde el ingreso por el servicio era igual o menor a los costos. El desarrollo de la Telefónica se dio luego de ser adquirida por el gobierno. También el de los salarios de sus empleados.

Los trabajadores telefónicos han levantado su voz de protesta con una gran militancia. Fueron los promotores del Comité? Amplio de Organizaciones (CAOS), y de los múltiples piquetes al Gobernador y a la Legislatura. El CAOS logró el pasado 1ro de octubre una gigantesca marcha de pueblo. A pesar de la opinión del pueblo Rosselló y su gobierno han insistido en la venta, pues saben que mientras el sistema siga operando los potenciales compradores no desistirán de hacer un buen negocio que conlleva ganancias significativas.

La paralización del negocio sólo podrá lograrse con una oposición amplia, militante y combativa. El pueblo ha dado muestras evidentes de rechazo a la venta de la Telefónica. Es indispensable adoptar ese respaldo mediante la creación de comités de apoyo a la huelga, as? como la incorporación a la lucha. La convocatoria a un paro general es indispensable para detener la venta. Sólo una huelga militante, con un amplio apoyo social, podría des-estimular a los compradores e inversionistas. Sin ellos no habrá? venta.