El 10 de octubre ha sido declarado globalmente como el Día Mundial contra la Pena de Muerte. Más de dos tercios de los países han abolido la pena de muerte en sus leyes o no la ejercen. A esta fecha 60 países aun acuden a la pena capital como castigo a determinados delitos. En este cuatrienio unos 15 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos o al menos para los delitos comunes. Recientemente Ecuador votó a favor de una nueva constitución que incluye una prohibición a la pena de muerte.

No hay duda de que la pena de muerte ha sido utilizada históricamente para reprimir a las clases obreras y campesinas, a las minorías políticas o religiosas, a los analfabetas, a los revolucionarios, a los enemigos del poder público. Se han ejecutado o condenado a muerte a niños, retardados y enfermos mentales, y a inocentes. Entre los condenados estuvo Juan Meléndez, un boricua de Maunabo quien se salvo de la ejecución tras 18 años en el corredor de la muerte de Florida, luego de que se probara su inocencia. Las ejecuciones son castigo cruel e inusitado, como lo demostró la ejecución del puertorriqueño Ángel Nieves Díaz en el 2006. Todo ello ha provocado un movimiento internacional favorecedor de los derechos humanos y por tanto promotor de la erradicación total de la pena capital.

En Puerto Rico la situación de la pena de muerte resalta el carácter colonial del E.L.A., la supremacía de la jurisdicción federal sobre la voluntad del pueblo y el contenido injusto y discriminatorio de esa pena.

El asunto fue planteado ante el Comité Especial de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas por la Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte el pasado mes de junio en estos términos: " El caso de Puerto Rico es excepcional. Se trata de la única jurisdicción en el Mundo donde sus constituyentes repudian la pena de muerte, han combatido su aplicación, legislaron su abolición, elevaron dicha voluntad a rango constitucional y, a pesar de todo ello, se nos impone una legislación de los Estados Unidos en la que se establece dicho castigo. Además, Puerto Rico es la única nación del Planeta en la que los procesos en los casos de pena de muerte se realizan en un idioma distinto al vernáculo. Por otro lado, por virtud de legislación federal los residentes de Puerto Rico pueden ser extraditados a cualquier lugar de los Estados Unidos para enfrentar la pena de muerte, sin que el gobierno del Estado Libre Asociado tenga el poder para condicionar u oponerse a ello. ¿Puede afirmarse que existe el derecho a la autodeterminación ante tales circunstancias?"

La celebración del Día Mundial Contra la Pena de Muerte nos enfrenta al hecho de que la Corte Federal en San Juan iniciará 4 casos de pena de muerte en los próximos meses. El resultado incierto de estos casos anticipa la posibilidad de tener los primeros condenados a muerte en Puerto Rico desde la última ejecución en el 1927. Además, la cantidad de boricuas condenados a muerte en los EE.UU. está por determinarse. Al momento se han identificado unos 16 puertorriqueños en el corredor de la muerte de Pensilvania, uno en Florida y otro en Georgia. Sin embargo en los EEUU hay más de 300 hispanos en espera de ejecución.